La crisis sanitaria que afronta actualmente el país, con ocasión de la propagación del COVID-19 “Coronavirus”, llevó al Gobierno nacional a declarar un Estado de Emergencia y a implementar medidas de aislamiento obligatorio en todo el territorio nacional.
Para hacer efectivas las llamadas “cuarentenas”, se restringió la movilidad y se limitó la apertura al público de un sinnúmero de empresas, que dependen de la exhibición de sus productos y de la comercialización física para el desarrollo de su actividad económica.
Al reducirse el margen de operación, los índices de productividad dentro de esas empresas disminuyeron considerablemente y, con ello, la generación de ingresos. Lo anterior, sumado a otros factores, dio inicio a una crisis económica, que, en muchos casos, se ha visto representada en la falta de flujo de caja para cubrir obligaciones del día a día o del giro ordinario, entre esas las laborales.
Según cifras de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas ACOPI, correspondientes al último trimestre del 2019, las micro, pequeñas y medianas empresas representaban el 96% del tejido empresarial, aportaban un 40% al Producto Interno Bruto – PIB y generaban más de 17 millones de empleos directos e indirectos. Así mismo, la Asociación sostuvo, para ese momento, que cerca del 66% de esas empresas estaban concentradas en las 5 ciudades principales del país: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena.
Sobre esa base, tenemos que, una buena parte de ese 96%, se ha visto gravemente afectado con las medidas adoptadas para prevenir la propagación del virus. Lo anterior, teniendo en cuenta que son empresas que cubren sus créditos y obligaciones, a medida que desarrollan su actividad económica y con el ingreso mensual que generan producto de ese desarrollo.
Si bien las medidas adoptadas se encuentran plenamente justificadas, ante la coyuntura que atraviesa el país y la necesidad de salvaguardar la vida de la población, no es un misterio para nadie, que el panorama laboral y económico de varios sectores es incierto, hoy después de más de 14 meses de pandemia. Esta situación ha llevado a las empresas a adoptar medidas desesperadas para garantizar su subsistencia y para evitar las consecuencias devastadoras de cualquier proceso de liquidación.
La mano de obra y los puestos de trabajo han sido probablemente los más afectados, pues entre enero y agosto de 2020, según datos reportados por la Cámara de Comercio de Bogotá – CCB, cerca de 37,000 empresas fueron liquidadas, 99% de ellas MiPymes, situación que contribuyó en gran medida al desborde en el porcentaje de desempleo, que para diciembre de 2020 cerró en 15.9%.
La coyuntura a causa del Coronavirus y la delicada situación de orden público que se suma a la realidad colombiana del 2021 nos obliga a diseñar y a plantear fórmulas de arreglo distintas a las que habitualmente estábamos acostumbrados, para afrontar tal vez los retos más grandes que ha tenido el país en su historia reciente.
La conservación y generación de empleo, sin duda, es uno de los retos más fuertes que tiene el Gobierno en este momento para garantizar el proceso de reactivación económica. Pero ese objetivo debe ir acompañado de una reforma laboral estructural, inclusiva, pero lo más importante, bajo una óptica de protección social integral y de modernización.
Lastimosamente, estamos acostumbrados a un modelo de trabajo arcaico y a la necesidad de desplazarnos para ir a trabajar, pero nos olvidamos que el trabajo se vuelve valor porque es una unidad de cambio y esa unidad se hace valiosa en el contexto industrial.
Debemos entender que en muchos casos es posible trabajar sin desplazarnos, y comprender que el trabajo no necesariamente debe estar localizado en un sitio para entenderlo como la actividad económica que en esencia es.
De ahí, la necesidad de crear un cuerpo normativo inclusivo, que regule y proteja los nuevos modelos de empleo que han surgido a causa de la globalización; la necesidad de hacer del sector formal un escenario llamativo, de interés colectivo; y la necesidad de modificar normas de los años 50s, que lastimosamente no cubren las exigencias del mercado laboral actual y no se acoplan a las nuevas dinámicas de trabajo.
Esto y muchos otros temas más deben ser parte de la agenda principal del Gobierno nacional. De lo contrario, los subsidios no van a ser suficientes y el desempleo va a ir en aumento, a medida que el tejido empresarial se desgasta con el pasar de los meses.
La pregunta que salta a la vista es ¿la verdadera reforma laboral para cuándo?
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