La coyuntura actual que atraviesa el país, a causa de la pandemia por el COVID-19, ha generado un escenario de incertidumbre, que en ocasiones se traduce en un afán desesperado por encontrar soluciones a la aguda crisis que vive el sector empresarial y el mercado laboral colombiano.
Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Planeación – DANE, para el mes de diciembre de 2020, Colombia reportó cerca de 2.44 millones de empleos perdidos. Sin embargo, gracias al inicio del proceso de reactivación económica, esa cifra se logró disminuir a 1.3 millones para el mes de abril de 2021.
Lamentablemente, la delicada situación de orden público que se vivió en Colombia durante los meses de mayo y junio de 2021 cobró alrededor de 330,000 puestos de trabajo, entre empleos directos e indirectos, lo que ocasionó un aumento en el número de desempleados, que para el 30 de junio de 2021 cerró en 1.6 millones. En medio de este panorama, se expidió la Ley 2101 de 2021, con la cual se buscó disminuir la jornada máxima legal de 48 a 42 horas semanales. Esto, a pesar de ser una medida, en nuestra opinión, innecesaria, para efectos de garantizar la reapertura gradual y sostenible del aparato productivo.[1]
De acuerdo con el último estudio de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia – ANDI, la reducción de la jornada máxima legal implicará un costo adicional para las empresas que operan dentro de un esquema superior a 42 horas semanales. Se estima que el sector industrial, que por lo general opera sin solución de continuidad, es decir 24/7, o el sector comercio, que requiere de atención al público en horarios específicos y de la contratación de personal adicional 6 horas a la semana, serán los más afectados, a pesar de ser los dos sectores que más empleo formal generan en Colombia.
La ANDI, de la mano del Consejo Gremial Nacional, sostiene que el costo adicional promedio de cada trabajador será de $70,717 a la semana. Multiplicando esta cifra por el número de trabajadores que actualmente laboran más de 42 horas semanales (6.2 millones), el costo total estimado para la economía será de 22.8 billones de pesos.
Atendiendo esas cifras, consideramos que se puede desincentivar la contratación formal, e incrementar los costos asociados con la nómina, pues desafortunadamente el proyecto desconoce algunas, por no decir todas las particularidades del mercado laboral colombiano, como: 1) la compensación del trabajo con días festivos, teniendo en cuenta que Colombia es el país con más festivos en el mundo; 2) los índices de ausentismo en las empresas; 3) el nivel de productividad promedio, si se tiene en cuenta que, por ejemplo, un trabajador alemán es 700% más productivo que un trabajador colombiano, según el estudio de la firma de gestión organizacional y bienestar corporativo Plurum [2]; 4) la ausencia de valor agregado en las actividades laborales, ante la falta de industria y de innovación; y 5) la asunción del elevado costo parafiscal y prestacional, que ya desborda la capacidad económica de las micro y pequeñas empresas.
Lo cierto es que elevar indiscriminadamente el costo de nómina mediante la disminución de la jornada y bajo la premisa de perseguir un fin loable—en este caso el bienestar social de los trabajadores—equivale a desconocer el bienestar social en sí mismo, pues no tiene en cuenta los efectos que tiene esa medida en la economía. Lastimosamente, las empresas se van a ver forzadas a contratar personas que estén dispuestas a trabajar por un menor salario, y con ello se disminuirá la capacidad económica y el consumo agregado, lo que terminará por afectar el tan anhelado proceso de reactivación y con ello el objetivo de disminuir la tasa de desempleo. Además, cabe preguntarse si realmente esto beneficiará a un grupo importante de trabajadores en cuanto a lo que se supone busca la norma que es lograr un balance en la vida de los trabajadores, pues, es probable que terminen laborando horas extras sin que realmente se reduzca la jornada laboral, generando además un sobrecosto en los bienes y servicios.
No debemos olvidar que la política laboral debe ir encaminada, hoy más que nunca, a generar estímulos que permitan hacer de la contratación formal una alternativa sostenible en el tiempo. Sin embargo, para ello hay que entender que todo efecto económico en las empresas puede generar una consecuencia para el trabajador si esta no se acompaña de un estudio que involucre la participación activa del Estado, el empresario y el trabajador mismo, con lo cual sea posible prever sus efectos directos e indirectos, así como su conveniencia económica.
Finalmente, no debemos tampoco olvidar que la expedición de normas lleva consigo una responsabilidad social y que cualquier modificación al escenario actual debe revestir objetividad e imparcialidad, sobre todo ante una coyuntura que no da espera y ante un “palo que no está pa´ cuchara”.
[1] Informe ANDI sobre el Proyecto de Ley No. 212 de 2019 Senado – 489 de 2020 Cámara. [2] Los alemanes trabajan 35 % menos que los colombianos y son 700 % más productivos. https://www.elespectador.com/economia/los-alemanes-trabajan-35-menos-que-los-colombianos-y-son-700-mas-productivos-article-813680/
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